Desde el 5 de septiembre rige la Ley 27.801: la edad de responsabilidad penal baja de 16 a 14 años.
El 25 de septiembre, los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires firmaron una resolución conjunta (RS-2026-43267763-GCABA-MEDGC) que obliga a las escuelas a denunciar todo hecho que “pudiera constituir un delito”.
La propia resolución admite el cambio: hechos que hasta ahora se abordaban principalmente con las herramientas del sistema educativo, ahora pueden requerir también la intervención de las autoridades. Entre ellos, conflictos entre pares, bromas, desafíos, etc.
Los cambios que nos preocupan
La escuela debe denunciar ante la mera posibilidad de delito, sin margen para evaluar y sin criterios sobre cuándo alcanza una respuesta educativa o reparadora.
Quien pide ayuda ante un adulto de confianza queda registrado ante el circuito penal. Pedir ayuda cuesta más, y se protege menos.
El texto no prevé que el adolescente señalado sea escuchado ni informado antes de la denuncia.
Docentes y equipos reciben la carga sin compromisos de formación, tiempo ni recursos.
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Lo que sostenemos
Como organizaciones que trabajamos con perspectiva de derechos de las infancias, sostenemos que el sistema penal no está pensado para reparar ni para cuidar, y su ampliación no viene acompañada de un fortalecimiento equivalente de las respuestas que sí protegen: prevención, acompañamiento, reparación y redes de cuidado.
Hay que proteger a las víctimas de violencia, pero no todas las acciones pueden medirse con la misma vara.
La respuesta primaria a los conflictos entre adolescentes tiene que ser educativa y reparadora.
La vía penal, el último recurso.
Proteger a la infancia frente a la violencia no puede construirse criminalizando adolescentes.
Convocamos a organizaciones que trabajan en el campo de las infancias a sumarse a este posicionamiento.
(Fundación Thelma Fardin — Revelar — Aralma)
