Por Sonia Almada 22 de octubre de 2025 Me senté frente a la computadora para seguir la sesión de la Comisión Bicameral de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. No esperaba ganar, justamente porque no soy militante de ningún partido. No imaginaba, sin embargo, lo que vendría. Confiaba al menos en algo de la transparencia tan resonada en la Cámara durante los tres meses que duró el concurso. Los participantes no fuimos invitados. Algunos candidatos se reunieron en un bar cercano al Congreso para acompañarse en la espera. Y lo que vimos desde afuera fue una decisión tomada a puertas cerradas el 22 de septiembre, transmitida por Diputados TV en un espectáculo lamentable. El clima político en Argentina es turbio. El gobierno perdió por paliza la elección en la provincia de Buenos Aires y se acerca debilitado al 27 de octubre, con la pobreza creciente y escándalos como la criptomoneda Libra, las coimas en el área de discapacidad y discursos de odio cada vez más encendidos. Una oposición envalentonada, que disimula cohesión, y una sociedad golpeada y descreída de sus representantes completan el cuadro. La Defensoría, creada por la Ley 26.061 en 2005, fue concebida como un organismo autárquico con independencia para fiscalizar al Estado y exigir políticas públicas para la infancia. Se asemeja a figuras existentes en Europa, como la Coordinadora del Parlamento Europeo para los Derechos del Niño o el defensor de la infancia en Noruega. Su misión es clara: ser un faro autónomo, capaz de señalar fallas, proponer políticas y defender a quienes aún no tienen voz ni voto. Pero en lugar de cumplir esa función, quedó atrapada en la lógica de la rosca política. El proceso era evidente en la letra del reglamento: concurso público con cuatro etapas —antecedentes, examen escrito, plan de trabajo, audiencia pública—. En la práctica fue otra cosa. Tras la destitución de Marisa Graham en junio de 2025, la Defensoría quedó acéfala. El gobierno demoró meses en conformar la Bicameral. No quería hacerlo, cuando lo hizo, convocó un concurso exprés, bajo presión política, sin debate real sobre el perfil que la Defensoría necesitaba. Nos inscribimos 231 personas. Quedamos 69 finalistas. Tres meses de trabajo a destajo: currículums, diagnósticos, exámenes jurídicos, planes quinquenales, audiencias públicas, adhesiones de organizaciones sociales, académicas y comunitarias. Un esfuerzo monumental en muy poco tiempo. Y todo para terminar convertidos en escenografía. El concurso nunca existió. Las irregularidades fueron inocultables. No se publicaron todos los currículums —con el insólito argumento de que algunos postulantes “no lo autorizaban”— cuando la transparencia es condición básica para un cargo público. Tampoco las adhesiones, requisito clave para mostrar respaldo institucional. Nunca supimos cómo se ponderó nuestro trabajo. La opacidad no fue negligencia, fue estrategia. La secretaría no contestaba los correos que enviábamos una y otra vez. Solo algunos recibieron comunicaciones aisladas con respuestas burocráticas. El resultado fue un orden de mérito que no evaluó: humilló. A quienes llevamos décadas trabajando en territorio y en la academia, nos dejaron afuera con un gesto de desprecio. El mensaje fue claro: a quienes exigimos transparencia, se nos castigó. El único que denunció lo que ocurría fue el diputado libertario Nicolás Mayoraz. No lo hizo por convicción en los derechos de la infancia, sino para jugar su propia partida política, ya que nunca antes había estado vinculado activamente a esa agenda. Señaló conflictos de interés y anticipó los nombres que aparecerían en la terna dos semanas antes de que se publicara. El resto de la Bicameral avaló la Resolución 12/2025 que consagró la maniobra. La constatación es brutal: Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical, que deberían haber funcionado como contrapeso a un gobierno aterrador, terminaron haciéndole el juego a la derecha y actuaron como casta dura y pura. La operación estuvo conducida por la presidenta de la Bicameral, Natalia Sarapura (UCR, Jujuy), y el vicepresidente, Daniel Pablo Bensusán (UxP, La Pampa). Legisladores que garantizaron el reparto en nombre de una política que no defiende a la infancia, sino a sí misma. Afuera, organizaciones de la sociedad civil también lo denunciaron. ASAPMI, con 25 años de trayectoria en prevención del maltrato, advirtió que se eligió a personas sin experiencia probada en infancia, dejando afuera a candidaturas con trayectorias sólidas y nutridos respaldos. Mientras tanto, la Argentina real arde. El 45,4% de las niñas y los niños menores de 14 años son pobres. La pobreza infantil es el principal problema social del país. Y no se limita a ingresos: se agrava por déficits en vivienda, hábitat y servicios básicos. Incluso la medición oficial del INDEC es cuestionada: los números se discuten, pero la realidad en los barrios no admite discusión. A eso se suman hogares atravesados por la violencia, femicidios que dejan cada año a decenas de huérfanos invisibles, y ahora también narcofemicidios, más el suicidio adolescente como una de las principales causas de muerte, según el Observatorio del Desarrollo Humano y Vulnerabilidad de la Universidad Austral. En todo el territorio, los organismos que protegen a la infancia trabajan con recursos mínimos, personal precarizado y sin respaldo. Aumentan de manera exponencial las consultas en el sistema de protección integral y en hospitales por la salud mental de niños y niñas cada vez más pequeños. En Misiones, una provincia del NEA, ONGs y equipos sanitarios documentaron que niños de comunidades indígenas inhalan combustible para engañar el hambre y el futuro. Allí, como en tantas provincias, los equipos dan batalla día a día para restituir derechos arrasados por la negligencia, la violencia, el hambre y la pobreza estructural. Pero sobre todo, por la indolencia del Estado. En este contexto, la Bicameral tenía la obligación de fortalecer una institución clave. Eligió degradarla. Eligieron a militantes políticos cuya experiencia en infancia es insuficiente. Nos hemos acostumbrado a que organismos de esta magnitud sean conducidos por militantes de turno. Esa costumbre expresa una resignación social y política que naturaliza lo que debería escandalizar. Convertir cargos públicos en botín degrada las instituciones y profundiza la desconfianza colectiva. Y cuando
